Economía stronista
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Ningún gobierno paraguayo tuvo tantos recursos externos e internos disponibles para lograr el desarrollo del país, como el de Alfredo Stroessner. »Más
Tras la llegada de los préstamos norteamericanos para obras de infraestructura, la corrupción amplió sus fuentes a otras dependencias del Estado más allá del Banco Central. »Más
Los comienzos de Itaipú, la consolidación de ciudad Presidente Stroessner y el acrecentamiento del comercio con el Brasil por el Este del país en los años 70, provocaron vitales cambios en el Paraguay. »Más
Uno de los negocios más sostenibles de la dictadura fue el contrabando. Jefes castrenses y policiales, referentes colorados, empresarios amigos lograban su impunidad repartiendo sus cuantiosas ganancias. »Más
Antes de la era de Stroessner no se conocía públicamente lo que era el tráfico de estupefacientes, aunque sí había pequeños círculos de consumidores de drogas pesadas como la morfina y heroína, por ejemplo, que provenían de la Argentina. »Más
La CVJ examinó las adjudicaciones de tierra rural y los títulos de propiedad respectivos otorgados por los organismos estatales responsables de la reforma agraria, desde 1954 a 1989. »Más
La CVJ examinó 200.705 adjudicaciones con sus respectivas documentaciones. »Más
La economía stronista
La corrupción generalizada
Ningún gobierno paraguayo tuvo tantos recursos externos e internos disponibles para lograr el desarrollo del país, como el de Alfredo Stroessner. A pesar de la proyección de obras materiales que hicieron cambiar la fisonomía de la república, fue el mismo Stroessner quien sembró el virus que haría fracasar finalmente su obra: la corrupción. La utilización de los fondos públicos para provecho de los dirigentes políticos y los jefes militares no se inició con Stroessner, pero se consolidó con él hasta constituir un verdadero sistema. Esto se dio desde el comienzo, cuando el principal botín político económico era el Banco Central, donde se distribuían las divisas y los permisos de importación. El Banco Central podía hacer poco en términos de fomento a la economía del país, puesto que los créditos que otorgaba tenían más sentido de favor político para los amigos del Presidente que de impulso al sector productivo. Muchos de los cortesanos políticos que obtenían préstamos del BCP terminaban utilizando el dinero en una actividad muy diseminada entonces: la usura. Stroessner hizo de la corrupción un modelo de gobierno y un estilo de existencia. Era un ejercicio obligatorio para todo aquel que quisiera asomarse a las ventanas del poder o tan siquiera intentara sobrevivir en sus alrededores. En una oficina pública se coimeaba en todos los niveles de acuerdo con la categoría. Lo hacían desde el humilde ordenanza para recibir un expediente, hasta el más encumbrado que debía firmarlo. Por otro lado, una vez depurados los jefes y oficiales de las FF.AA. políticamente desleales, Stroessner se aseguró el apoyo de ese cuerpo mediante ascensos en el escalafón y privilegios con sinecuras en las empresas del Estado, asignación de tierras fiscales y protección del contrabando y narcotráfico. En los inicios del “boom de Itaipú el clientelismo y la corrupción sustituyeron los apoyos políticos originales: importantes factores de la estabilidad y la longevidad del régimen han sido la corrupción y el contrabando, que han constituido una especie de vínculo que ha unido la dictadura a un gran número de personas, todas las cuales tienen algo que perder si ella desaparece.
El virus de la corrupción estatal
Tras la llegada de los préstamos norteamericanos para obras de infraestructura, la corrupción amplió sus fuentes a otras dependencias del Estado más allá del Banco Central. Cada ministro, cada director de ente decidía sobre los bienes estatales como si fueran privados suyos. De la noche a la mañana, un funcionario stronista se enriquecía sin necesidad de tener que rendir cuentas a nadie y todos sabían que lo hacía robando. Tanto se diseminó la corrupción estatal, que gran parte de la sociedad se volvió insensible a ella. El empleado público corrupto era visto como una persona que sabía aprovechar su cargo. Tras el Banco Central, la Dirección General de Aduanas pasó a ser otra fuente de riqueza de los amigos de Stroessner. Con el tiempo, esa dependencia se constituiría en la más corrupta del Estado paraguayo. En los comienzos del gobierno, tras la creación de la Intervención Reorganizadora de Aduanas y Puertos en 1956, pasó a ser una práctica corriente que jerarcas colorados y altos oficiales militares cobraban el 50 por ciento de las multas aplicadas por la introducción de marcaderias de contrabando, al parecer como firmantes de las denuncias pertinentes. A través de la administración del Estado, Alfredo Stroessner tenía las riendas de las actividades económicas del país y eso constituiría un arma más de control.
El autotráfico y la inseguridad
Los comienzos de Itaipú, la consolidación de ciudad Presidente Stroessner y el acrecentamiento del comercio con el Brasil por el Este del país en los años 70, provocaron vitales cambios en el Paraguay. Una de las actividades surgidas fue el negocio del tráfico de autos "mau" (denominación autóctona a todo lo ilegal), primordialmente desde el Brasil. Al principio fue un modesto negocio entre Foz de Yguazú y ciudad Presidente Stroessner, mediante el cual particulares brasileños vendían a compradores paraguayos vehículos económicos sin documentación alguna, a precios irrisorios. Antes de los años 70 no se conocía este tipo de hechos y los asuncenos presumían que en cualquier parte de la ciudad uno podía dejar su auto con las ventanillas bajas y con valores en su interior, que nadie iba a tocar nada ni mucho menos robar el automotor. No había forma de combatir el flagelo de los robos y asaltos pues la propia policía estaba involucrada en el tema. Casi todos los oficiales y hasta los agentes tenían autos ilegales comprados o incautados a ladrones de vehículos. La única posibilidad de recuperar un auto ilegal robado era que la víctima (que a su vez había comprado el rodado de un ladrón) tuviera contactos con la policía de manera que esta obligara a los ladrones a devolverlo. Al principio el esquema se circunscribía a las marcas más económicas, pero luego los autotraficantes comenzaron a ver que también se podía comerciar con las más lujosas. El aumento de la inseguridad ciudadana se acrecentó paralelamente a la gravedad del tema de los autos ilegales.
El contrabando
Uno de los negocios más sostenibles de la dictadura fue el contrabando. Jefes castrenses y policiales, referentes colorados, empresarios amigos lograban su impunidad repartiendo sus cuantiosas ganancias. También las clases pobres tenían su respiro económico mediante el contrabando. Un quehacer muy extendido en Asunción era la comercialización de marcaderías, específicamente comestibles, ropa y calzados, procedentes de la pequeña ciudad argentina de Clorinda. Esta actividad, para el razonamiento lógico de ese diligente núcleo de paraguayos, no era un delito porque el marco ético ya estaba total y absolutamente desfigurado por costumbre y necesidad. En las altas esferas políticas y sociales el mismo Stroessner apoyaba la evasión fiscal con la costumbre de conceder a sus allegados autorizaciones de importación con exenciones fiscales para introducir al país mercaderías, automóviles, bienes lujosos, etc. La única condición para lograr este tipo de privilegios era la adhesión incondicional al régimen. La incondicionalidad confería al individuo la categoría de "buen correligionario" y "un buen amigo", títulos mediante los cuales aquel lograba acceder a supremos beneficios económicos a costa del empobrecimiento del erario. A los no adeptos al régimen se les obligaba a abonar todas las cargas impositivas inherentes al negocio de traer al país lo comprado en el exterior. Esto llevaba a los comerciantes honestos a acudir también, forzadamente, al contrabando o a buscar la protección de algún poderoso para no pagar el ciento por ciento de los impuestos de importación de sus mercaderías. De otro modo no podían competir en el mercado frente a los precios que exhibían sus colegas insertos en el esquema de la corrupción.
El narcotráfico
Antes de la era de Stroessner no se conocía públicamente lo que era el tráfico de estupefacientes, aunque sí había pequeños círculos de consumidores de drogas pesadas como la morfina y heroína, por ejemplo, que provenían de la Argentina. El país fue en un principio ruta de paso de las drogas desde Latinoamérica hacia el Norte, gracias a la protección brindada por los jerarcas militares y policiales. Hacia los años, mientras familias brasileñas monopolizaban el negocio de la cocaína, varios grupos paraguayos comenzaron a producir una droga menor, la marihuana, especialmente para los mercados brasileño y argentino, aunque la plaza local también llegó a ser bastante importante. El Paraguay, de país de tránsito del narcotráfico, se estableció con el tiempo en productor y consumidor. La protección al narcotráfico creó varios supermillonarios en esferas gubernamentales paraguayas, incluyendo a jefes militares.
Tierras rurales mal habidas
La CVJ examinó las adjudicaciones de tierra rural y los títulos de propiedad respectivos otorgados por los organismos estatales responsables de la reforma agraria, desde 1954 a 1989 y de 1989 al 2003, a fin de determinar si las adjudicaciones y el otorgamiento de los títulos de propiedad se habían hecho conforme a las leyes que rigen la materia y si habían reunido los presupuestos legales requeridos vigentes al momento de las concesiones de referencia. La CVJ ha investigado el otorgamiento de tierras públicas en fuentes documentales primarias y secundarias y ha encontrado serias irregularidades en la adjudicación que tornan nulas las mismas y espera que el Estado promueva las acciones ante la justicia y la reparación de los daños y perjuicios causados. Las adjudicaciones contenidas en el presente informe han sido clasificadas en seis categorías o patrones, de acuerdo al tipo de normas legales transgredidas. Estas categorías son: a) adjudicaciones a personas no beneficiarias del Estatuto Agrario; b) adjudicaciones de más de un lote geográficamente dispersos a una misma persona; c) adjudicaciones mayores a las máximas establecidas por la ley para lotes agrícolas en la Región Oriental, es decir, las que son superiores a 100 hectáreas; d) adjudicaciones mayores a las máximas establecidas por la ley para lotes ganaderos en la Región Oriental, es decir, las que son superiores a 1.500 hectáreas y que no han sido expresamente autorizadas por decreto del Poder Ejecutivo; e) adjudicaciones mayores a las máximas establecidas por la ley para lotes ganaderos en la Región Occidental, es decir, las que son superiores a 8.000 hectáreas; f) adjudicaciones mayores a la máxima establecida por la ley para lotes agrícolas en la Región Oriental que se realizaron desde 1954 hasta 1963, regidas por el Decreto Nº 120 de 1940, vigente al momento de realizarse las adjudicaciones de referencia.
Las adjudicaciones irregulares de las tierras rurales
La CVJ examinó 200.705 adjudicaciones con sus respectivas documentaciones, dictadas por el actual Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), organismo que posee y administra los archivos y documentos del Instituto de Reforma Agraria (IRA) y del Instituto de Bienestar Rural (IBR). De los exámenes realizados se pudo detectar y comprobar que el Estado en el período que abarca desde 1954 a 2003 ha realizado 200.705 adjudicaciones de lotes, que comprende una superficie total de 12.229.594 hectáreas, de los cuales 192.722 lotes tienen una superficie total de 3.497.781 hectáreas que corresponden a la Región Oriental y 7.985 lotes, con una superficie total de 8.731.813 hectáreas, corresponden a la Occidental. Del total de estas adjudicaciones, 4.241 lotes correspondientes a 3.336 adjudicatarios, que totalizan 7.851.295 hectáreas, han sido adjudicados con graves irregularidades a la legislación agraria. Las leyes trasgredidas son: el decreto-ley Nº 120 de 1940 que crea el Estatuto Agrario; la Ley Nº 854/63 que crea el Estatuto Agrario y reemplazó al anterior, y la Ley Nº 1.863, vigente en la actualidad, sancionada el 20 de diciembre de 2001 y promulgada el 30 de enero de 2002, denominada también Estatuto Agrario y que reemplazó a su vez al anterior de 1963, con sus modificaciones hechas por Ley Nº 2.531 del 29 de diciembre del año 2004. Estas normas jurídicas estuvieron vigentes al momento de las adjudicaciones de referencia. Las tierras en cuestión constituyen el 64,1% de las tierras adjudicadas. Del total de las adjudicaciones ilegales, 3.054 lotes, que suman 1.507.535 hectáreas, corresponden a la Región Oriental, y 1.178 lotes, que suman 6.298.834 hectáreas, corresponden a la Región Occidental. La diferencia existente entre cantidad de lotes y cantidad de adjudicatarios obedece a que en varios casos un mismo adjudicatario se ha beneficiado con más de un lote.
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La corrupción generalizada
El virus de la corrupción estatal
El autotráfico y la inseguridad
El contrabando
El narcotráfico
Tierras rurales mal habidas
Las adjudicaciones irregulares de las tierras rurales
Economía stronista
La economía stronista
Economía stronista
La corrupción generalizada
Ningún gobierno paraguayo tuvo tantos recursos externos e internos disponibles para lograr el desarrollo del país, como el de Alfredo Stroessner. A pesar de la proyección de obras materiales que hicieron cambiar la fisonomía de la república, fue el mismo Stroessner quien sembró el virus que haría fracasar finalmente su obra: la corrupción. La utilización de los fondos públicos para provecho de los dirigentes políticos y los jefes militares no se inició con Stroessner, pero se consolidó con él hasta constituir un verdadero sistema. Esto se dio desde el comienzo, cuando el principal botín político económico era el Banco Central, donde se distribuían las divisas y los permisos de importación. El Banco Central podía hacer poco en términos de fomento a la economía del país, puesto que los créditos que otorgaba tenían más sentido de favor político para los amigos del Presidente que de impulso al sector productivo. Muchos de los cortesanos políticos que obtenían préstamos del BCP terminaban utilizando el dinero en una actividad muy diseminada entonces: la usura. Stroessner hizo de la corrupción un modelo de gobierno y un estilo de existencia. Era un ejercicio obligatorio para todo aquel que quisiera asomarse a las ventanas del poder o tan siquiera intentara sobrevivir en sus alrededores. En una oficina pública se coimeaba en todos los niveles de acuerdo con la categoría. Lo hacían desde el humilde ordenanza para recibir un expediente, hasta el más encumbrado que debía firmarlo. Por otro lado, una vez depurados los jefes y oficiales de las FF.AA. políticamente desleales, Stroessner se aseguró el apoyo de ese cuerpo mediante ascensos en el escalafón y privilegios con sinecuras en las empresas del Estado, asignación de tierras fiscales y protección del contrabando y narcotráfico. En los inicios del “boom de Itaipú el clientelismo y la corrupción sustituyeron los apoyos políticos originales: importantes factores de la estabilidad y la longevidad del régimen han sido la corrupción y el contrabando, que han constituido una especie de vínculo que ha unido la dictadura a un gran número de personas, todas las cuales tienen algo que perder si ella desaparece.
Economía stronista
El virus de la corrupción estatal
Tras la llegada de los préstamos norteamericanos para obras de infraestructura, la corrupción amplió sus fuentes a otras dependencias del Estado más allá del Banco Central. Cada ministro, cada director de ente decidía sobre los bienes estatales como si fueran privados suyos. De la noche a la mañana, un funcionario stronista se enriquecía sin necesidad de tener que rendir cuentas a nadie y todos sabían que lo hacía robando. Tanto se diseminó la corrupción estatal, que gran parte de la sociedad se volvió insensible a ella. El empleado público corrupto era visto como una persona que sabía aprovechar su cargo. Tras el Banco Central, la Dirección General de Aduanas pasó a ser otra fuente de riqueza de los amigos de Stroessner. Con el tiempo, esa dependencia se constituiría en la más corrupta del Estado paraguayo. En los comienzos del gobierno, tras la creación de la Intervención Reorganizadora de Aduanas y Puertos en 1956, pasó a ser una práctica corriente que jerarcas colorados y altos oficiales militares cobraban el 50 por ciento de las multas aplicadas por la introducción de marcaderias de contrabando, al parecer como firmantes de las denuncias pertinentes. A través de la administración del Estado, Alfredo Stroessner tenía las riendas de las actividades económicas del país y eso constituiría un arma más de control.
Economía stronista
El autotráfico y la inseguridad
Los comienzos de Itaipú, la consolidación de ciudad Presidente Stroessner y el acrecentamiento del comercio con el Brasil por el Este del país en los años 70, provocaron vitales cambios en el Paraguay. Una de las actividades surgidas fue el negocio del tráfico de autos "mau" (denominación autóctona a todo lo ilegal), primordialmente desde el Brasil. Al principio fue un modesto negocio entre Foz de Yguazú y ciudad Presidente Stroessner, mediante el cual particulares brasileños vendían a compradores paraguayos vehículos económicos sin documentación alguna, a precios irrisorios. Antes de los años 70 no se conocía este tipo de hechos y los asuncenos presumían que en cualquier parte de la ciudad uno podía dejar su auto con las ventanillas bajas y con valores en su interior, que nadie iba a tocar nada ni mucho menos robar el automotor. No había forma de combatir el flagelo de los robos y asaltos pues la propia policía estaba involucrada en el tema. Casi todos los oficiales y hasta los agentes tenían autos ilegales comprados o incautados a ladrones de vehículos. La única posibilidad de recuperar un auto ilegal robado era que la víctima (que a su vez había comprado el rodado de un ladrón) tuviera contactos con la policía de manera que esta obligara a los ladrones a devolverlo. Al principio el esquema se circunscribía a las marcas más económicas, pero luego los autotraficantes comenzaron a ver que también se podía comerciar con las más lujosas. El aumento de la inseguridad ciudadana se acrecentó paralelamente a la gravedad del tema de los autos ilegales.
Economía stronista
El contrabando
Uno de los negocios más sostenibles de la dictadura fue el contrabando. Jefes castrenses y policiales, referentes colorados, empresarios amigos lograban su impunidad repartiendo sus cuantiosas ganancias. También las clases pobres tenían su respiro económico mediante el contrabando. Un quehacer muy extendido en Asunción era la comercialización de marcaderías, específicamente comestibles, ropa y calzados, procedentes de la pequeña ciudad argentina de Clorinda. Esta actividad, para el razonamiento lógico de ese diligente núcleo de paraguayos, no era un delito porque el marco ético ya estaba total y absolutamente desfigurado por costumbre y necesidad. En las altas esferas políticas y sociales el mismo Stroessner apoyaba la evasión fiscal con la costumbre de conceder a sus allegados autorizaciones de importación con exenciones fiscales para introducir al país mercaderías, automóviles, bienes lujosos, etc. La única condición para lograr este tipo de privilegios era la adhesión incondicional al régimen. La incondicionalidad confería al individuo la categoría de "buen correligionario" y "un buen amigo", títulos mediante los cuales aquel lograba acceder a supremos beneficios económicos a costa del empobrecimiento del erario. A los no adeptos al régimen se les obligaba a abonar todas las cargas impositivas inherentes al negocio de traer al país lo comprado en el exterior. Esto llevaba a los comerciantes honestos a acudir también, forzadamente, al contrabando o a buscar la protección de algún poderoso para no pagar el ciento por ciento de los impuestos de importación de sus mercaderías. De otro modo no podían competir en el mercado frente a los precios que exhibían sus colegas insertos en el esquema de la corrupción.
Economía stronista
El narcotráfico
Antes de la era de Stroessner no se conocía públicamente lo que era el tráfico de estupefacientes, aunque sí había pequeños círculos de consumidores de drogas pesadas como la morfina y heroína, por ejemplo, que provenían de la Argentina. El país fue en un principio ruta de paso de las drogas desde Latinoamérica hacia el Norte, gracias a la protección brindada por los jerarcas militares y policiales. Hacia los años, mientras familias brasileñas monopolizaban el negocio de la cocaína, varios grupos paraguayos comenzaron a producir una droga menor, la marihuana, especialmente para los mercados brasileño y argentino, aunque la plaza local también llegó a ser bastante importante. El Paraguay, de país de tránsito del narcotráfico, se estableció con el tiempo en productor y consumidor. La protección al narcotráfico creó varios supermillonarios en esferas gubernamentales paraguayas, incluyendo a jefes militares.
Economía stronista
Tierras rurales mal habidas
La CVJ examinó las adjudicaciones de tierra rural y los títulos de propiedad respectivos otorgados por los organismos estatales responsables de la reforma agraria, desde 1954 a 1989 y de 1989 al 2003, a fin de determinar si las adjudicaciones y el otorgamiento de los títulos de propiedad se habían hecho conforme a las leyes que rigen la materia y si habían reunido los presupuestos legales requeridos vigentes al momento de las concesiones de referencia. La CVJ ha investigado el otorgamiento de tierras públicas en fuentes documentales primarias y secundarias y ha encontrado serias irregularidades en la adjudicación que tornan nulas las mismas y espera que el Estado promueva las acciones ante la justicia y la reparación de los daños y perjuicios causados. Las adjudicaciones contenidas en el presente informe han sido clasificadas en seis categorías o patrones, de acuerdo al tipo de normas legales transgredidas. Estas categorías son: a) adjudicaciones a personas no beneficiarias del Estatuto Agrario; b) adjudicaciones de más de un lote geográficamente dispersos a una misma persona; c) adjudicaciones mayores a las máximas establecidas por la ley para lotes agrícolas en la Región Oriental, es decir, las que son superiores a 100 hectáreas; d) adjudicaciones mayores a las máximas establecidas por la ley para lotes ganaderos en la Región Oriental, es decir, las que son superiores a 1.500 hectáreas y que no han sido expresamente autorizadas por decreto del Poder Ejecutivo; e) adjudicaciones mayores a las máximas establecidas por la ley para lotes ganaderos en la Región Occidental, es decir, las que son superiores a 8.000 hectáreas; f) adjudicaciones mayores a la máxima establecida por la ley para lotes agrícolas en la Región Oriental que se realizaron desde 1954 hasta 1963, regidas por el Decreto Nº 120 de 1940, vigente al momento de realizarse las adjudicaciones de referencia.
Economía stronista
Las adjudicaciones irregulares de las tierras rurales
La CVJ examinó 200.705 adjudicaciones con sus respectivas documentaciones, dictadas por el actual Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), organismo que posee y administra los archivos y documentos del Instituto de Reforma Agraria (IRA) y del Instituto de Bienestar Rural (IBR). De los exámenes realizados se pudo detectar y comprobar que el Estado en el período que abarca desde 1954 a 2003 ha realizado 200.705 adjudicaciones de lotes, que comprende una superficie total de 12.229.594 hectáreas, de los cuales 192.722 lotes tienen una superficie total de 3.497.781 hectáreas que corresponden a la Región Oriental y 7.985 lotes, con una superficie total de 8.731.813 hectáreas, corresponden a la Occidental. Del total de estas adjudicaciones, 4.241 lotes correspondientes a 3.336 adjudicatarios, que totalizan 7.851.295 hectáreas, han sido adjudicados con graves irregularidades a la legislación agraria. Las leyes trasgredidas son: el decreto-ley Nº 120 de 1940 que crea el Estatuto Agrario; la Ley Nº 854/63 que crea el Estatuto Agrario y reemplazó al anterior, y la Ley Nº 1.863, vigente en la actualidad, sancionada el 20 de diciembre de 2001 y promulgada el 30 de enero de 2002, denominada también Estatuto Agrario y que reemplazó a su vez al anterior de 1963, con sus modificaciones hechas por Ley Nº 2.531 del 29 de diciembre del año 2004. Estas normas jurídicas estuvieron vigentes al momento de las adjudicaciones de referencia. Las tierras en cuestión constituyen el 64,1% de las tierras adjudicadas. Del total de las adjudicaciones ilegales, 3.054 lotes, que suman 1.507.535 hectáreas, corresponden a la Región Oriental, y 1.178 lotes, que suman 6.298.834 hectáreas, corresponden a la Región Occidental. La diferencia existente entre cantidad de lotes y cantidad de adjudicatarios obedece a que en varios casos un mismo adjudicatario se ha beneficiado con más de un lote.

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