Estado de Derecho ausente
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El imperio de la ley supone la sujeción de gobernantes y gobernados a una misma norma, aprobada por representantes libremente electos que concretan así la voluntad popular. »Más
En el Archivo del Terror se encuentran grandes fichas de cartulina, rotuladas "Disertación OPM" entre las cuales se destaca una que cuestionaba que hacer con los detenidos. »Más
Aunque durante todo el período dictatorial se realizaron “elecciones” que correspondían a un calendario comicial, los resultados de las mismas eran abiertamente manipulados desde el poder. »Más
El marco constitucional
El imperio de la ley supone la sujeción de gobernantes y gobernados a una misma norma, aprobada por representantes libremente electos que concretan así la voluntad popular. El marco constitucional del stronismo no surgió de estos mecanismos: la Constitución de 1940 fue redactada por un equipo técnico y aprobada por referéndum y la de 1967 se redactó con exclusión de varias fuerzas políticas (Movimiento Popular Colorado, Partido Demócrata Cristiano y Partido Comunista) y con base en una ley electoral que adjudicaba dos tercios de los representantes al partido oficialista y solo un tercio a los partidos de la oposición, con Estados de sitio vigentes, con centenares de presos políticos en las cárceles y sin vigencia de las libertades públicas.
La discrecionalidad del Poder Ejecutivo
El gobierno de este régimen cívico-militar no acató el Estado de derecho entendido en el sentido de que la ley rige para gobernados e igualmente para gobernantes. La discrecionalidad absoluta del Poder Ejecutivo se manifestó por un Estado de excepción, que de tal carácter se transformó en permanente con el Estado de sitio y que con la interpretación distorsionada de una Corte Suprema subordinada al Poder Ejecutivo suprimió la garantía fundamental del hábeas corpus y permitió la violación impune por parte de los órganos estatales y paraestatales de todas las libertades y sobre todo el derecho a la vida, la integridad física y la libertad personal, lo que explica que en esta época la detención de los presos políticos era por tiempo indefinido, en algunos casos por décadas, sin posibilidad de ejercer su defensa en un proceso legal.
Elecciones manipuladas
Aunque durante todo el período dictatorial se realizaron “elecciones” que correspondían a un calendario comicial, los resultados de las mismas eran abiertamente manipulados desde el poder. El régimen reivindicaba una mayoría electoral, que fue construida a posteriori de la toma del poder de Stroessner por un golpe de Estado, a través de la cooptación clientelista y la persecución ilegal de sus adversarios. Esta mayoría nunca fue verificada en comicios libres o competitivos. La dictadura cívico-militar en las dos primeras elecciones no permitió la participación de la oposición. A partir de 1963 las elecciones se realizaron con Estado de sitio (salvo el día de la elección) con graves restricciones a la libertad de reunión, de asociación, y sin la garantía de libertades públicas, sin amnistía para los exiliados, con centenares de presos políticos sin proceso, sin padrón electoral transparente, con fraude generalizado, sin posibilidad de control real y con una Junta Electoral Central organizadora y juzgadora de las elecciones manejada totalmente por el partido de gobierno. El resultado de la votación, y no de elección, en estas condiciones, se conocía de antemano muchos meses antes y era objeto del descrédito total de la ciudadanía, incluso de muchos colorados.
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El marco constitucional
La discrecionalidad del Poder Ejecutivo
Elecciones manipuladas
Estado de Derecho ausente
El marco constitucional
El imperio de la ley supone la sujeción de gobernantes y gobernados a una misma norma, aprobada por representantes libremente electos que concretan así la voluntad popular. El marco constitucional del stronismo no surgió de estos mecanismos: la Constitución de 1940 fue redactada por un equipo técnico y aprobada por referéndum y la de 1967 se redactó con exclusión de varias fuerzas políticas (Movimiento Popular Colorado, Partido Demócrata Cristiano y Partido Comunista) y con base en una ley electoral que adjudicaba dos tercios de los representantes al partido oficialista y solo un tercio a los partidos de la oposición, con Estados de sitio vigentes, con centenares de presos políticos en las cárceles y sin vigencia de las libertades públicas.
Estado de Derecho ausente
La discrecionalidad del Poder Ejecutivo
El gobierno de este régimen cívico-militar no acató el Estado de derecho entendido en el sentido de que la ley rige para gobernados e igualmente para gobernantes. La discrecionalidad absoluta del Poder Ejecutivo se manifestó por un Estado de excepción, que de tal carácter se transformó en permanente con el Estado de sitio y que con la interpretación distorsionada de una Corte Suprema subordinada al Poder Ejecutivo suprimió la garantía fundamental del hábeas corpus y permitió la violación impune por parte de los órganos estatales y paraestatales de todas las libertades y sobre todo el derecho a la vida, la integridad física y la libertad personal, lo que explica que en esta época la detención de los presos políticos era por tiempo indefinido, en algunos casos por décadas, sin posibilidad de ejercer su defensa en un proceso legal.
Estado de Derecho ausente
Elecciones manipuladas
Aunque durante todo el período dictatorial se realizaron “elecciones” que correspondían a un calendario comicial, los resultados de las mismas eran abiertamente manipulados desde el poder. El régimen reivindicaba una mayoría electoral, que fue construida a posteriori de la toma del poder de Stroessner por un golpe de Estado, a través de la cooptación clientelista y la persecución ilegal de sus adversarios. Esta mayoría nunca fue verificada en comicios libres o competitivos. La dictadura cívico-militar en las dos primeras elecciones no permitió la participación de la oposición. A partir de 1963 las elecciones se realizaron con Estado de sitio (salvo el día de la elección) con graves restricciones a la libertad de reunión, de asociación, y sin la garantía de libertades públicas, sin amnistía para los exiliados, con centenares de presos políticos sin proceso, sin padrón electoral transparente, con fraude generalizado, sin posibilidad de control real y con una Junta Electoral Central organizadora y juzgadora de las elecciones manejada totalmente por el partido de gobierno. El resultado de la votación, y no de elección, en estas condiciones, se conocía de antemano muchos meses antes y era objeto del descrédito total de la ciudadanía, incluso de muchos colorados.

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