Desaparición forzada
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La Comisión de Verdad y Justicia ha podido concluir que, durante el periodo que va de mayo de 1954 a febrero de 1989, el Estado, bajo la dictadura del general, institucionalizó la perpetración de violaciones graves. »Más
Una de las características del comportamiento y el proceder del sistema represivo fue la privación del derecho a la vida como potestad inherente de la autoridad. »Más
Con la desaparición forzada viene también la expresión más crítica de este flagelo: la imposibilidad de realizar un duelo. Esta medida cruel era utilizada por el régimen como estrategia de dominación y control político. »Más
Como práctica militar, en América del Sur la desaparición forzada de personas se comenzó a utilizar sistemáticamente con la excusa de combatir a los movimientos guerrilleros. »Más
Los prisioneros, la mayoría de ellos tomados vivos, eran conducidos a campamentos o destacamentos militares improvisados o a campos de concentración. »Más
Stroessner decidía quién vivía y quién debía morir
La Comisión de Verdad y Justicia ha podido concluir que, durante el periodo que va desde mayo de 1954 a febrero de 1989, el Estado, bajo la dictadura del general Alfredo Stroessner, institucionalizó la perpetración de violaciones graves al derecho a la vida a través de la actuación de agentes estatales y paraestatales, resultando responsable a todos los efectos jurídicos, de crímenes de desaparición forzada y ejecución extrajudicial contra los ciudadanos y ciudadanas de nacionalidad paraguaya y extranjera, en el país y fuera de él, en el marco del terrorismo de Estado al régimen. Estos hechos constituyeron una práctica a la cual el régimen recurrió a lo largo de su vigencia, utilizando para su perpetración a las Fuerzas Armadas y Policiales, así como civiles y grupos parapoliciales, que jerárquicamente organizados desde las más altas autoridades del Estado, fueron destinados a reprimir personas y organizaciones consideradas disidentes, adversarias o enemigas del gobierno.
Cerca de 400 paraguayos desaparecidos
El gobierno de Stroessner reprimió a toda la sociedad no solo a través del encarcelamiento, el exilio y la tortura de cientos de ciudadanos y ciudadanas, sino en su más grave expresión, recurriendo a la privación premeditada de la vida, alcanzando un total de 395 víctimas confirmadas acordes los casos que la CVJ ha podido documentar durante el periodo. Una de las características del comportamiento y el proceder del sistema represivo fue la privación del derecho a la vida como potestad inherente de la autoridad, tanto como la crueldad y la intencionalidad de exhibir ante la población el sufrimiento de las víctimas. Se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. La población percibía estos sufrimientos como formas de terror ejemplificante, al momento de la ejecución o antes de ser desaparecidas, como corroboran la presencia de cuerpos mutilados de los integrantes de las guerrillas del Movimiento “14 de Mayo” y del FULNA en su momento; o el hacer percibir a la comunidad, los familiares, el vecindario, las torturas a las que eran sometidas previamente las víctimas, tal como sucedió en el caso llamado la “Pascua dolorosa” en el predio de Abraham Cue.
Los familiares ni siquiera podían velar a sus muertos
Con la desaparición forzada viene también la expresión más crítica de este flagelo: la imposibilidad de realizar un duelo. Esta medida cruel era utilizada por el régimen como estrategia de dominación y control político. Ante la desaparición de un ser querido se plantean preguntas sin respuestas, al menos, hasta la aparición de la persona o de sus restos, o hasta conocer la verdad de lo ocurrido. En los casos de desaparición, además del impacto sobre el individuo, el propósito es aniquilar la identidad social, de pertenencia a un grupo en torno a un proyecto ideológico de la víctima, borrarlo de la memoria colectiva, del recuerdo de sus allegados. El propósito del sistema represivo es matar una idea, un sueño, un proyecto más allá de la eliminación física del enemigo. Para cumplir con este fin, se eliminan datos en registros públicos, o en archivos de identificación policiales, de modo que también desaparezca todo rastro de existencia previa a la detención.
Combate a la guerrilla, excusa para desaparecer gente
Como práctica militar, en América del Sur la desaparición forzada de personas se comenzó a utilizar sistemáticamente con la excusa de combatir a los movimientos guerrilleros. Sin embargo, es importante señalar que la mayor parte de las personas privadas arbitrariamente de su libertad y luego desaparecidas en Latinoamérica, pertenecían en muchos casos a movimientos sindicales, estudiantiles, incluso artísticos, y no precisamente a organizaciones armadas. La desaparición forzada de personas fue utilizada no solo contra presuntos enemigos militares, sino además como estrategia para desarticular los movimientos populares, frenar el cambio social e imponer planes económicos. Datos e informaciones también examinados durante la investigación, permiten afirmar que la desaparición forzada adquiere sistematicidad desde 1958 a manos de las fuerzas represivas del gobierno de entonces, convirtiendo al país en el primer lugar en experimentar, al menos en la región del Cono Sur americano, tácticas y técnicas de guerra antisubversiva, con la desaparición y/o la ejecución sumaria o extrajudicial de la mayoría de los miembros de dos movimientos que propusieron la lucha armada.
Los prisioneros eran mutilados
Los prisioneros, la mayoría de ellos tomados vivos, eran conducidos a campamentos o destacamentos militares improvisados o a campos de concentración, muchas veces a la vista y percepción de los pobladores de la comunidad, donde fueron sometidos a torturas y mutilaciones, en presencia de las tropas de soldados del ejército, y de otros compañeros tomados prisioneros, que muchas veces eran alzados aún con vida o ya muertos, en aviones, siendo posteriormente arrojados sobre la selva del Alto Paraná o en el río del mismo nombre, en acciones que se califican como “vuelos de la muerte”. Es oportuno precisar que en los años posteriores a los hechos descritos, vale decir desde 1959-1960, las ejecuciones y desapariciones dejan de ser parte de eventos represivos incluso publicitados o exhibidos por el régimen, para consolidarse como práctica soterrada del terrorismo de Estado dirigida contra la ciudadanía representada por personas a quienes el régimen consideraba necesario eliminar, por su condición de liderazgo o ascendencia sobre grupos u organizaciones calificadas de enemigas o contrarias al Gobierno, siendo en su mayor parte operaciones encubiertas. El Operativo Cóndor es una muestra. Las fuerzas de seguridad del Estado negaron la existencia de los hechos o, en todo caso, se le atribuían circunstancias asociadas a crímenes comunes tales como homicidio, muerte en enfrentamiento con la fuerza pública o la fuga, o que eran simuladas u ocultadas con la expedición de certificados de defunción falsos, en los que se establecía la muerte por causas naturales. En consecuencia estas violaciones no fueron reconocidas por parte del Estado como hechos punibles durante la dictadura.
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Stroessner decidía quién vivía y quién debía morir
Cerca de 400 paraguayos desaparecidos
Los familiares ni siquiera podían velar a sus muertos
Combate a la guerrilla, excusa para desaparecer gente
Los prisioneros eran mutilados
Desaparición forzada
Stroessner decidía quién vivía y quién debía morir
La Comisión de Verdad y Justicia ha podido concluir que, durante el periodo que va desde mayo de 1954 a febrero de 1989, el Estado, bajo la dictadura del general Alfredo Stroessner, institucionalizó la perpetración de violaciones graves al derecho a la vida a través de la actuación de agentes estatales y paraestatales, resultando responsable a todos los efectos jurídicos, de crímenes de desaparición forzada y ejecución extrajudicial contra los ciudadanos y ciudadanas de nacionalidad paraguaya y extranjera, en el país y fuera de él, en el marco del terrorismo de Estado al régimen. Estos hechos constituyeron una práctica a la cual el régimen recurrió a lo largo de su vigencia, utilizando para su perpetración a las Fuerzas Armadas y Policiales, así como civiles y grupos parapoliciales, que jerárquicamente organizados desde las más altas autoridades del Estado, fueron destinados a reprimir personas y organizaciones consideradas disidentes, adversarias o enemigas del gobierno.
Desaparición forzada
Cerca de 400 paraguayos desaparecidos
El gobierno de Stroessner reprimió a toda la sociedad no solo a través del encarcelamiento, el exilio y la tortura de cientos de ciudadanos y ciudadanas, sino en su más grave expresión, recurriendo a la privación premeditada de la vida, alcanzando un total de 395 víctimas confirmadas acordes los casos que la CVJ ha podido documentar durante el periodo. Una de las características del comportamiento y el proceder del sistema represivo fue la privación del derecho a la vida como potestad inherente de la autoridad, tanto como la crueldad y la intencionalidad de exhibir ante la población el sufrimiento de las víctimas. Se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. La población percibía estos sufrimientos como formas de terror ejemplificante, al momento de la ejecución o antes de ser desaparecidas, como corroboran la presencia de cuerpos mutilados de los integrantes de las guerrillas del Movimiento “14 de Mayo” y del FULNA en su momento; o el hacer percibir a la comunidad, los familiares, el vecindario, las torturas a las que eran sometidas previamente las víctimas, tal como sucedió en el caso llamado la “Pascua dolorosa” en el predio de Abraham Cue.
Desaparición forzada
Los familiares ni siquiera podían velar a sus muertos
Con la desaparición forzada viene también la expresión más crítica de este flagelo: la imposibilidad de realizar un duelo. Esta medida cruel era utilizada por el régimen como estrategia de dominación y control político. Ante la desaparición de un ser querido se plantean preguntas sin respuestas, al menos, hasta la aparición de la persona o de sus restos, o hasta conocer la verdad de lo ocurrido. En los casos de desaparición, además del impacto sobre el individuo, el propósito es aniquilar la identidad social, de pertenencia a un grupo en torno a un proyecto ideológico de la víctima, borrarlo de la memoria colectiva, del recuerdo de sus allegados. El propósito del sistema represivo es matar una idea, un sueño, un proyecto más allá de la eliminación física del enemigo. Para cumplir con este fin, se eliminan datos en registros públicos, o en archivos de identificación policiales, de modo que también desaparezca todo rastro de existencia previa a la detención.
Desaparición forzada
Combate a la guerrilla, excusa para desaparecer gente
Como práctica militar, en América del Sur la desaparición forzada de personas se comenzó a utilizar sistemáticamente con la excusa de combatir a los movimientos guerrilleros. Sin embargo, es importante señalar que la mayor parte de las personas privadas arbitrariamente de su libertad y luego desaparecidas en Latinoamérica, pertenecían en muchos casos a movimientos sindicales, estudiantiles, incluso artísticos, y no precisamente a organizaciones armadas. La desaparición forzada de personas fue utilizada no solo contra presuntos enemigos militares, sino además como estrategia para desarticular los movimientos populares, frenar el cambio social e imponer planes económicos. Datos e informaciones también examinados durante la investigación, permiten afirmar que la desaparición forzada adquiere sistematicidad desde 1958 a manos de las fuerzas represivas del gobierno de entonces, convirtiendo al país en el primer lugar en experimentar, al menos en la región del Cono Sur americano, tácticas y técnicas de guerra antisubversiva, con la desaparición y/o la ejecución sumaria o extrajudicial de la mayoría de los miembros de dos movimientos que propusieron la lucha armada.
Desaparición forzada
Los prisioneros eran mutilados
Los prisioneros, la mayoría de ellos tomados vivos, eran conducidos a campamentos o destacamentos militares improvisados o a campos de concentración, muchas veces a la vista y percepción de los pobladores de la comunidad, donde fueron sometidos a torturas y mutilaciones, en presencia de las tropas de soldados del ejército, y de otros compañeros tomados prisioneros, que muchas veces eran alzados aún con vida o ya muertos, en aviones, siendo posteriormente arrojados sobre la selva del Alto Paraná o en el río del mismo nombre, en acciones que se califican como “vuelos de la muerte”. Es oportuno precisar que en los años posteriores a los hechos descritos, vale decir desde 1959-1960, las ejecuciones y desapariciones dejan de ser parte de eventos represivos incluso publicitados o exhibidos por el régimen, para consolidarse como práctica soterrada del terrorismo de Estado dirigida contra la ciudadanía representada por personas a quienes el régimen consideraba necesario eliminar, por su condición de liderazgo o ascendencia sobre grupos u organizaciones calificadas de enemigas o contrarias al Gobierno, siendo en su mayor parte operaciones encubiertas. El Operativo Cóndor es una muestra. Las fuerzas de seguridad del Estado negaron la existencia de los hechos o, en todo caso, se le atribuían circunstancias asociadas a crímenes comunes tales como homicidio, muerte en enfrentamiento con la fuerza pública o la fuga, o que eran simuladas u ocultadas con la expedición de certificados de defunción falsos, en los que se establecía la muerte por causas naturales. En consecuencia estas violaciones no fueron reconocidas por parte del Estado como hechos punibles durante la dictadura.

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