Una ejecución extrajudicial o extralegal es, según el derecho internacional humanitario, un caso de violación a los derechos humanos que consiste en el homicidio de manera deliberada de una persona por parte de un servidor público que se apoya en la potestad de un Estado para justificar el crimen. Las ejecuciones extrajudiciales estaban relacionadas a muertes a consecuencia de la tortura y por omisión de auxilio o atención médica, en casos de que algún detenido padeciese una enfermedad grave o terminal, bajo el pretexto de que los mismos estaban condenados a morir.

Como finalidades de las ejecuciones extrajudiciales se contaban la muerte de personas que por medio de las armas intentaron oponerse al régimen stronista o la muerte de personas consideradas irrecuperables por el propio régimen por su condición de liderazgo o de ascendencia sobre grupos contestatarios al gobierno–, en ocasiones simuladas en supuestos enfrentamientos o con la excusa de que los mataron cuando intentaron huir. Las ejecuciones extrajudiciales junto a la desaparición forzada, puedan considerarse entre las más serias violaciones de los derechos humanos y también crímenes de lesa humanidad que de por sí se hallan sustraídos de los efectos de la caducidad de la acción penal por mandato constitucional, cuya represión penal no puede ser bajo ningún pretexto, objeto de transacción política, amnistía o prescripción.

La CVJ consideró las siguientes situaciones como ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias: 1. Muerte como consecuencia del uso de la fuerza por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, cuando ese uso no obedece a los criterios de necesidad, racionalidad y proporcionalidad. 2. Muerte como consecuencia de un ataque por agentes del Estado. 3. Muerte como resultado de una desaparición forzada cometida por agentes del Estado, solo cuando aparece el cuerpo de la víctima o cuando aparecen algunos de sus restos. 4. Muerte como resultado de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes perpetrada por agentes del Estado. 5. Muerte de una persona detenida como resultado de condiciones inadecuadas de su privación de la libertad o en circunstancias poco claras que pongan en entredicho el deber de garantía del Estado, incluyendo la omisión de atención o auxilio en caso de que la persona detenida se encuentre en condiciones de salud grave, en las que corre peligro su vida.